Así Se Roban Al Quindío y Armenia

Fuente: José Gustavo Hernández Castaño, Bambú Comunicaciones

Como todo cierre de año, el alcalde campeón en hacer el ridículo, el impostor, el pusilánime, el desvergonzado, el alcalde nominal de Armenia, José Manuel Ríos Morales, preparó el terreno para el resto del saqueo de los recursos públicos ordenados por el alcalde que gobierna en la sombra (TOTO), a quienes las autoridades respectivas de ejercer control, incluidas las judiciales, no llegan al fondo o, ni investigan, los que con zanahoria (mermelada o coima) en mano, o con garrote (chantaje o amenaza intimidante), hicieron aprobar en el Concejo de Armenia, la autorización de otro crédito por veinte mil millones de pesos ($20.000.000.000), con el manido argumento de la capacidad de endeudamiento, los que unidos a los otros sesenta mil millones de pesos están ejecutando para que los ciudadanos con los impuestos, paguemos en vigencias futuras.

Los corruptos politiqueros del Quindío, y en especial los de Armenia, acostumbrados a financiarse las elecciones con los recursos del erario público, endulzados con buena mermelada, aprobaron la autorización al alcalde para tramitar el crédito por veinte mil millones de pesos, como auto-regalo de Navidad, haciéndose la fiesta de fin de año, la que extenderán en lo que queda del nefasto gobierno municipal de este 2.023.

Para los corruptos de todos los matices, el saqueo de los recursos públicos siempre está al orden del día, es el alimento que los nutre, razón por la cual nunca les alcanza ningún presupuesto y siempre tendrán que endeudar a las entidades públicas, en este caso el municipio de Armenia, muy a pesar de tener pleno conocimiento que los ingresos del 2.023 aumentarán considerablemente como resultado de la actualización catastral, otro negocio que se inventaron, no para mejorar los ingresos del municipio, sino, para que esta sirva en el incremento del botín de los saqueadores.

Bien lo dice la investigación realizada por la Misión de Observación Electoral, MOE, en el año 2.018, y publicada bajo el título “Así se roban a Colombia”, que la corrupción no cae del cielo, entra por las elecciones. En dicho documento categóricamente expresan: “En los últimos años la corrupción en Colombia se ha convertido en uno de los principales problemas del país y en la mayoría de los casos, son los políticos o los funcionarios públicos los protagonistas de los mismos” (https://www.moe.org.co/asi-se-roban-a-colombia/)

La investigación tuvo por objetivo identificar y caracterizar la criminalidad en la política, por funcionarios de elección popular en el periodo 1991-2017, como resultado del análisis de más de 15 mil sentencias proferidas por diferentes órganos judiciales y de control: Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Tribunales Administrativos, Procuraduría General de la Nación y Contraloría General de la República.

La investigación, precitada, más que un texto analítico, es una representación gráfica de las conductas de corrupción encontradas, las que fueron agrupadas en diferentes modalidades y tipologías usadas por los políticos de elección popular en los últimos treinta años para apropiarse de forma ilegal de los recursos públicos.

El estudio manifiesta de manera concluyente: “Desafortunadamente en muchos lugares y alrededor de diversos temas se ha logrado construir una empresa criminal conformada por políticos y contratistas privados que tiene tres objetivos: ganar elecciones, desfalcar las finanzas públicas y comprar impunidad. El factor común en muchos hechos de corrupción es la presencia de este tipo de relaciones, políticos y privados se unen, no para construir, sino para destruir.” (https://www.moe.org.co/asi-se-roban-a-colombia/)

De las 15 mil sentencias analizadas lograron identificar 60 modalidades de corrupción agrupadas en 9 grandes tipologías, así:

Usar el cargo para beneficiarse a sí mismo, a su familia o a sus amigos.

Pagar contratos por obras o servicios no prestados o entregados.

Permitir actos de corrupción por descuido o falta de vigilancia.

Contratar a dedo.

Aliarse con grupos ilegales para cometer actos de corrupción.

Expedir normas contrarias a la ley para obtener beneficios.

Entregar contratos a familiares y/o amigos inhabilitados para contratar.

Incluir sobrecostos en los contratos públicos.

Pedir sobornos a cambio de contratos.

Entre las 60 modalidades más comunes encontradas, en el Quindío y el municipio de Armenia, se han presentado y sancionado unas, y otras, sin temor a equivocarme, se están presentando, las que las autoridades deberán investigar y sancionar, tales como las siguientes:

Usar recursos de la administración para destinarlos a campañas políticas.

Hacer campaña política en actos públicos de la administración.

Dar subsidios y ayudas a personas no vulnerables.

Amañar pliego de condiciones y/o procesos de selección.

Girar anticipos y no recibir lo contratado.

Pagar por un contrato no ejecutado.

Pagar por un contrato ficticio.

Pagar por un bien o servicio de mala calidad

Dejar incompleta una obra o cumplir a medias con las obligaciones contractuales.

Endeudar injustificadamente a una entidad territorial.

Incumplir el deber de vigilancia.

Adjudicarles contratos a empresas de propiedad de funcionarios de la administración o por interpuesta persona.

Fraccionamiento contractual.

Declarar la urgencia manifiesta de forma injustificada.

Realizar convenios de cooperación e interadministrativos para evitar hacer licitaciones.

Declarar un proceso de contratación desierto para poder contratar directamente.

Aliarse con grupos ilegales para cometer actos de corrupción.

Incumplimiento de la Ley de Garantías.

Modificar de forma ilegal el presupuesto anual.

Hacer un contrato por un servicio innecesario.

Seleccionar una oferta con precios muy superiores al promedio.

Prorrogar un contrato a cambio de un soborno.

Expedir normas para favorecer intereses privados.

Pedir dinero a subalternos para acceder a un cargo o para ascender en el mismo.

Favorecer a un privado con un contrato de concesión.

Pedir dádivas a cambio del voto en una corporación pública.

Lo ocurrido en el Concejo Municipal de Armenia, finalizando diciembre, el 24 de diciembre para ser más preciso, no fue el alumbramiento del niño Jesús, sino varios abortos inducidos desde la alcaldía de Armenia, asistidos por profesionales de la genuflexión y alzafuelles del iletrado soberano, que gobierna en la sombra, en sesiones de última hora en el Concejo Municipal.

Tres abortos: el primero, un nuevo endeudamiento por 20.000 millones de pesos, que con dulce mermelada lograron salvar; el segundo, la entrega en concesión a un operador privado de algunas funciones de la secretaría de Tránsito, SETTA (las foto-multas), que el nominal alcalde retiró a última hora, pero que buscará revivirlo nuevamente y; el tercero, las Zonas Azules, hundido por tiempo y por fallas e incapacidades en su trámite, el cual, buscarán darle oxígeno y revivirlo en próximas sesiones.

De ellos, los tres abortos, me ocuparé en detalle, en próximos escritos, al igual que un completo análisis de los contratos del Municipio de Armenia, durante estos tres años (2020, 2021, 2022), cargados y rendidos en el SIA OBSERVA, entre los cuales merecen especial atención los realizados por contratación directa, selección abreviada y convenios de cooperación o interadministrativos. Multimillonarios recursos que deben ser investigados por las autoridades competentes.

Esta información se publica por razones de interéshttps://bambucomunicaciones.com/2023/01/08/asi-se-roban-al-quindio-y-armenia/