El escándalo de corrupción más grande de la historia de Armenia

Fuente: Andrés Felipe Ramos Gámez, La Crónica del Quindío

En la imagen todos los que pagaron ante la justicia por el escándalo: Atrás Luz Piedad Valencia Franco, exalcaldesa de Armenia y Francisco Javier Valencia Salazar, en la silla de adelante de izquierda a derecha: Juan Sebastián Londoño, Ricardo Arturo Ramírez Londoño, Julio César Escobar Posada y Sebastián Congote Posada.

En 2018, la exalcaldesa de Armenia, Luz Piedad Valencia Franco, y su exesposo, Francisco Javier Valencia Salazar, fueron señalados como los cerebros de un millonario desfalco. 

La contribución de valorización es un mecanismo de financiación de obras de interés público. No es un impuesto, es un aporte que tiene destinación específica para la construcción de una o un conjunto de obras de infraestructura y es pagada por los propietarios de bienes inmuebles beneficiados por la ejecución de una o varias de ellas.

Este instrumento ha permitido el desarrollo, fundamentalmente, de proyectos viales que mejoran la competitividad de los territorios. En los modelos de ciudades compactas es considerado uno de los mejores mecanismos de financiación de obras, adquisición de bienes y la mejora de las condiciones sociales y económicas. 

Sin embargo, en Armenia, la última implantación del sistema de valorización, se convirtió en el más grande escándalo de corrupción de su historia. Esta es la historia:

El 23 de octubre de 2014, el concejo municipal, correspondiente a la alcaldía de Luz Piedad Valencia Franco, aprobó el acuerdo 020 que autorizó a la administración de Armenia efectuar el cobro y recaudo de dineros vía valorización para la ejecución de 12 obras viales en la ciudad: la vía Montecarlo tramo II, intersección vial Los Kioscos, Avenida de Occidente tramo III, vía Yulima carrera 19 Avenida Occidente tramo III, intersección Mercedes del Norte, vía La Colonia, rehabilitación vial avenida Centenario, intersección vial puente La Constitución, Conexión Castellana–Coinca, avenida 19 norte tramo II, conexión Carrera 15 tramos I y II Nueva Cecilia – avenida Las Palmas, Proyecto Estratégico Detonante

Estación Terminal Turística. 

En junio de 2015, la alcaldía adjudicó el contrato 012 por valor de $30.807 millones y, en diciembre del mismo año, el contrato 031 por $80.000 millones, ambos firmados por la entonces alcaldesa Valencia Franco.   

El 16 de diciembre de 2015 empezaron las sorpresas con la valorización, cuando se dio a conocer que llegaron recibos a predios de estratos 1 y 2 y que la cifra que se repartió en la ciudad fue $142.400 millones, cuando en el año 2014 se dijo que las obras valían $126.000 millones. 

De las 10 adjudicadas, todas al mismo contratista, cuando asumió como alcalde Carlos Mario Álvarez Morales (QEPD) en el 2016, se encontró que el modelo financiero fue mal diseñado, inventado, con números que no correspondían a la realidad. 

Aun así, empezó la construcción de la rehabilitación de la avenida Centenario, la construcción de la

intersección vial Los Kioscos y del puente o deprimido de La Constitución.   

En el 2017, debido a que el recaudo proyectado estaba lejos de poder financiar el paquete de obras contratado, el entonces mandatario logró que el contratista Díez Cardona renunciara a hacer 3 de las sobras, es decir, que quedara con 7 de las 10 que le entregó, en lo que fue luego denominado como un “traje a la medida”, Luz Piedad Valencia, y así atenuar el daño a las finanzas públicas de del municipio de Armenia. Así mismo, Álvarez Morales puso en conocimiento de la Fiscalía y de los entes de control las anomalías encontradas. 

Las capturas

El 7 de abril de 2018, Luz Piedad Valencia Franco, junto a Francisco Javier Valencia Salazar, fueron

capturados en su lugar de residencia. Igual sucedió con otros 5 funcionarios. El fiscal general de la

Nación de entonces, Néstor Humberto Martínez, llegó a Armenia a coordinar el procedimiento. 

De acuerdo con la investigación, en julio de 2014, cuando ni siquiera se había recaudado el tributo, la alcaldesa ya había celebrado el primer contrato, por $30.000 millones, para levantar 4 obras viales. El proyecto quedó en manos de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia, Edua, que se rige por el régimen privado, por lo que pudo seleccionar “a dedo” a los contratistas de las obras, el diseñador e interventor. 

Según la fiscalía, desde 2014, Francisco Javier Valencia y el contratista de las obras de valorización, Fernando Díez Cardona, acordaron la manera de adjudicar los contratos de obra pública a las empresas de este último, a cambio de que le entregaran al esposo de la entonces mandataria el 10 % del valor de cada uno de los contratos de obra pública e interventoría y el 100 % de los contratos de consultoría. Esta conducta fue reconocida por el mismo contratista. 

Los otros 5 funcionarios capturados fueron Sebastián Congote Posada, exgerente de la Edua; Ricardo Arturo Ramírez Londoño, exsecretario Jurídico; Aura María Zapata Saldarriaga, exfuncionaria de la Edua; Juan Sebastián Londoño Forero, exsubsecretario Jurídico; y Julio César Escobar Posada, exsecretario de Infraestructura. 

Las sentencias

Aunque pidió perdón públicamente, el 27 de agosto de 2019, Luz Piedad Valencia Franco fue condenada a 77 meses de prisión, multada con 50.000 salarios mínimos mensuales vigentes e inhabilitada para ejercer cargos públicos por 96 meses. Salió de la cárcel el 21 de octubre de 2021, tras estar tras las rejas 3 años. Devolvió $2.100 millones por el desfalco de la valorización y cumplió la mitad de la pena en prisión. 

El 12 de julio de 2019 Francisco Javier Valencia Salazar fue condenado a 12 años de prisión, pero salió de la cárcel San Bernardo el 22 de octubre de 2020. El exexesposo de Luz Piedad Valencia Franco estuvo tras las rejas 3 años: uno bajo la medida de aseguramiento y los otros 2 por la sentencia. Fue condenado por peculado por apropiación y concierto para delinquir. 

Fernando Díez Cardona fue condenado a 14 meses de prisión por el delito de falsedad ideológica en documento público. Recibió el 50 % de descuento en su condena por haber aceptado cargos y colaborar con la justicia. Sebastián Congote Posada recibió una pena de 6 años 3 meses y 18 días de prisión por el delito de interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir. Ricardo Arturo Ramírez Londoño estuvo 3 años y 4 meses en prisión por delitos de interés ilícito en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, concierto para delinquir y falsedad ideológica en documento público. El 4 de diciembre de 2020 quedó en libertad tras cumplir su sentencia. 

El 8 de marzo de 2019 Julio César Escobar Posada fue condenado a 4 años por delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento público. Por su parte, Juan Sebastián Londoño fue condenado a 4 años de prisión, una multa de 41 salarios mínimos legales vigentes y 48 meses de inhabilidad para ejercer cargos públicos. Aura María Zapata Saldarriaga, el 16 de julio de 2018 fue condenada a 4 años y 6 meses, fue la primera en recibir sentencia dentro del escándalo.

A favor y en contra

Jhonny Leandro Vargas Sánchez, actual presidente de la mesa directiva del concejo de Armenia, en la época de acuerdo de la valorización estaba en su primer periodo como cabildante, apoyó la iniciativa a partir de lo presentado en el debate.     

A pesar del escándalo, se mantiene en la posición de apoyar la valorización, a partir de lo que se plasmó en el acuerdo 020 de 2014.  “Era más inexperto, pero aún con los 12 años de recorrido que ya tengo, me ratifico en mi posición frente a ese tema del plan de obras del proyecto de valorización. Esta contribución hace parte de esa estrategia que una administración implementa para que las personas puedan valorizar sus bienes, según las obras de impacto que se tengan en el sector o territorio, así se presentó el proyecto y así se aprobó”, explicó Vargas Sánchez. 

Después de ello, se debatieron una cantidad de situaciones jurídicas, fiscales, disciplinarias y penales de público conocimiento: “Infortunadamente producto de todas esas situaciones que se derivaron de ese proceso de valorización, con las situaciones de corrupción conocidas, el contribuyente fija una posición de no pagar por lo que las obras tienen ese grado de desfinanciación y más cuando había un desembolso de los operarios bancarios, no pagan por obras que no se han hecho y que como todos sabemos se robaron”. 

Añadió: “La valorización se ha demandado en muchas oportunidades y nunca por temas de constitucionalidad y legalidad se ha caído. El instrumento fue bien aplicado en sus debates en el concejo, por ello la corporación nunca tuvo una responsabilidad disciplinaria ni penal porque aprobó la modificación el plan de desarrollo una vez se aprueba la contribución”. 

Agregó: “Se tejieron muchas cosas a partir de la valorización, hay concejales que no hablan del tema, infortunadamente pasó esto, pero como concejal sí tengo no solo la obligación de defender la figura, sino de insistir que el proyecto se presentó en el 2014 para poder construir unas obras de mejora de la movilidad de la ciudad. Donde esas iniciativas se hubieran ejecutado, la misma gente estaría pidiendo a los gobernantes cada 4 años obras con la contribución de valorización”.  

Al conocer el escándalo de corrupción, su reacción fue: “Muy sorprendido al principio, es que hicimos parte de esa coalición de gobierno como tal. Otros intereses quisieron involucrar judicialmente a la corporación, pero hubo tranquilidad, el concejo lo único que tendría que tener es la responsabilidad administrativa por haber apoyado un proyecto de acuerdo que se presentó como una opción válida de desarrollo del municipio”.    

En el otro lado está Julián Andrés Acosta Cortés, también concejal de Armenia para la época de aprobación de la contribución de la valorización. Fue uno de los 5 concejales que no apoyó la propuesta.  “En primer lugar, la valorización es un instrumento que fue viable en otras ciudades para su desarrollo, pero en su momento, periodo 2012 – 2015, no lo apoyamos porque en la localidad no había las condiciones económicas”. 

Así mismo, reveló: “Tampoco estaba el escenario propicio porque la economía de los armenios no estaba bien, desde el inicio de la propuesta dijimos que la planificación del proyecto no era la mejor, que se estaba corriendo en un proceso que había que contar con más detalles, estudios en obras, costos, el mismo derrame como tal de la valorización, fue algo que en su momento lo vimos muy apresurado. Incluso la distribución de las obras en la ciudad no la veíamos conveniente”.   

Al destaparse el escándalo, Acosta Cortés acotó que “desafortunadamente se nos dio la razón, se vio improvisación, falta de planificación. Cuando se destapa el escándalo uno lo que siente es una tristeza total por la ciudad, sobre todo porque de una u otra manera muchas personas se nos acercaron y nos manifestaron que habían pagado, que cumplieron y esperan aún el desarrollo de las obras”. 

Enfatizó: “Es desalentador, porque si nosotros no hubiéramos tenido la razón entonces la ciudad estaría gozando de las obras, habría desarrollado progreso y solución a una serie de problemas como la movilidad”. 

Sobre lo que viene de la valorización, el hecho de que la administración actual debe dejar una obra lista y los próximos mandatarios cumplir con las demás, acotó: “Es un proceso que se dejó de esa forma, tienen que asumir las administraciones y como si estuvieran enfermos ya toca es mirar qué medicamentos aplicar, eso lo deben hacer ahora los siguientes mandatos, porque algo es claro, hay que entregar los proyectos”.   

Una obra en la actual administración

José Manuel Ríos Morales, actual alcalde de Armenia, fue uno de los que en su rol de ciudadano y candidato se opuso y criticó la implementación de la valorización; sin embargo, al asumir como alcalde, encontró que su obligación era darle continuidad a las obras.     “Lo primero que nosotros hicimos fue establecer una realidad que me pareció cruel y era tener que cobrarle a la gente la valorización cuando ni siquiera se habían llevado a cabo las obras y se robaron la plata. Empezamos a hacer un trabajo muy grande, un esfuerzo jurídico importante para recuperar $21.000 millones que nos debían a través de las pólizas de seguros, llegamos al punto de embargar las cuentas de las aseguradoras y recuperamos ese rubro”. 

En febrero de 2021 empezó el cobro coactivo, porque ya habían pasado 5 años: “Decidimos quitar los intereses de financiación que durante 5 años le cobraron de manera desleal a los ciudadanos, quienes pagaron financiación durante este tiempo”. 

En ese sentido, se procedió con un proyecto presentado al concejo, concerniente en quitar los intereses de mora y los de financiación, y otorgar 5 años más a los contribuyentes para que se pusieran al día con valorización. 

“Ahora a las personas no se les está cobrando un solo peso de intereses por mora, además abrimos la puerta a que los recursos que se gestionen a nivel nacional se destinaran directamente a obras. Después hicimos un acuerdo con un juez a quien le explicamos que recibimos las iniciativas llevadas a cabo y mínimo haría una y que a los siguientes 2 alcaldes les corresponde las 8 restantes —4 por cada administración—”. 

Ríos Morales reiteró que solo está en marcha una sola obra de valorización, la de la avenida 19 norte, por un valor cercano a los $40.000 millones, “gracias a la recuperación de los $21.000 millones, más $2.100 que devolvió la exalcaldesa Luz Piedad Valencia Franco, más los aportes que empezamos a hacer como alcaldía logramos establecer $36.000 millones con lo que iniciamos esta vía, además de pagar también parte de la deuda”. 

Sin embargo, también afirmó: “Hemos tenido que embargar, el no pago genera detrimento, a la fecha 60.000 predios no han pagado”. 

En referencia con el proyecto en marcha, resaltó Ríos Morales aseguró que “elegí esta que tenía un adelanto, que impactará una zona de desarrollo para la ciudad con el Plan de Ordenamiento Zonal y Plan de Ordenamiento Territorial, el área es una de las más valorizadas y queremos apoyar”. 

El objetivo es que esta vía, que conecta las avenidas Bolívar y Centenario, se ejecute en su totalidad antes de finalizar el 2023.

Esta información se publica por razones de interés

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